Fracking Argentina

La Evolución de la Fracturicación Hidráulica en el País y el Mundo

Nota de Opinión

Jorge Daniel Taillant

29 Agosto, 2013

La aprobación por la legislatura de Neuquén del acuerdo de inversión abriendo la vía administrativa de Chevron y de YPF para explotar gas no-convencional en Vaca Muerta, mientras fuerzas policiales reprimían al pueblo manifestando su rechazo al acuerdo y mientras funcionarios públicos miraban a la represión desde los balcones de la legislatura, es un lamentable y alarmante acontecimiento que demuestra cuán totalitarias y poco democráticas son aún las instituciones políticas del país.

La falta de transparencia, el secretismo y la imposición de políticas industriales y energéticas por encima de los legítimos derechos participativos de comunidades indígenas y de otros actores sociales es un ejemplo más en la República Argentina de la falta de apertura y legitimidad de nuestros procesos de gobierno y de nuestros gobernantes.

La fracturación hidraulica del gas no-convencional, comúnmente llamado “fracking”, conlleva significativos riesgos para el ambiente, para aguas superficiales y subterráneas, para el cambio climático por el escape de gas metano, y para la salud humana de quienes están en las zonas de la actividad. También implica un significativo consumo de agua en zonas donde podría afectar el recurso hídrico disponible.  La explotación de shale gas en Vaca Muerta además implica riesgos significativos para reservas naturales como el parque Auca Mahuida, y también para territorios indígenas en zonas afectadas directamente por el fracking. El riesgo es real y debe ser debatido. Esto podría implicar definir criterios claves para este tipo de inversión, incluyendo la prohibición de la actividad en determinados lugares. Es un reclamo social legítimo.

En este sentido, el reclamo de la comunidad mapuche, como de diversas instituciones ambientales demostrando su rechazo a procesos cerrados, secretos y con cero participación de las comunidades directamente afectadas, es un reclamo legítimo amparado por legislación nacional y también por tratados y acuerdos internacionales, como la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reconoce el derecho a la consulta a comunidades indígenas  sobre proyectos que se pretenden desarrollar en su territorio. Argentina firmó este acuerdo pero niega este derecho a los pueblos originarios.

Históricamente Argentina como país ha demostrado de manera lamentable poca atención de las autoridades públicas respecto al control ambiental. Se premia la inversión industrial en grandes proyectos como empresas hidroeléctricas, usinas nucleares, mega emprendimientos mineros, y la viabilización de extensivos monocultivos sin ninguna consideración por los impactos sistémicos que pueden ocasionar a los extensivos ecosistemas a nivel regional y nacional.

En pos del avance industrial, se obra sin una visión estratégica sobre el manejo de nuestros sensibles recursos naturales y esto ciertamente trae problemas de escala mayor en la salud ambiental de los recursos afectados. Este historial hoy genera desconfianza en el sector público para manejar adecuadamente la explotación de gas no-convencional, cuadnoe n ortro país, mas serio en su control ambiental, han tenido grandes problemas técnicos y políticos para hacerlo.

La explotación del shale gas (fracking) llega a Argentina en medio de una prolongada crisis energética que tiene su origen en la falta absoluta de planificación estratégica energética durante décadas de las autoridades nacionales. Ante los manotazos desesperados del ejecutivo por encontrar soluciones cortoplacistas al déficit energético, notamos con pena, frustración y enojo, la falta de inserción y sensibilidad de la principales autoridades  en las discusiones internacionales sobre la sustentabilidad energética y la salud climática. Mientras varios países evolucionados comprenden la nocividad de la energía nuclear, Argentina pretende renovar usinas nucleares obsoletas y peligrosas. Mientras contamos con enormes potenciales para desarrollar energías renovables como la eólica y la solar, volvemos a mirar a las energías fósiles como el petróleo y el gas como solución fácil para cubrir la inacción política y la falta de pensamiento estratégico sustentable  de los gobernantes responsables.

La represión policial a comunidades legítimas en Neuquén para poder forzar decisiones inversionistas, sin debate, sin pensamiento estratégico, sin visión ni compromiso global, es una demostración más de que sufrimos de profundos problemas políticos y democráticos. La fuerza bruta muestra la debilidad intelectual política de promover debates racionales en búsqueda de decisiones consensuadas sobre los modelos de desarrollo que quiere la sociedad.

El fracking a la fuerza no es una solución a la crisis energética, es una demostración más que la dirigencia política argentina no está a la altura de su responsabilidad.

Más información

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